EL AGUIJÓN
LA TIERRA DE TODOS, EL NEGOCIO DE POCOS.
Por: Arturo Molina.
Hay una imagen que resume con
brutal elocuencia lo que Venezuela lleva décadas siendo: un territorio de
riquezas naturales incalculables, habitado por un pueblo que no puede costear
su propio sustento. Al sur del río Orinoco, en una extensión de tierra más
grande que Portugal (~92,212km2), yace uno de los depósitos minerales más
extraordinarios del planeta: oro, diamantes, coltán, hierro, tierras raras.
Minerales estratégicos que mueven la economía digital del mundo.
Toda esa riqueza se extrae bajo
los pies de comunidades indígenas sin agua potable, en territorios controlados
por grupos armados, en medio de una selva que destruyen lentamente, envenenando
las principales fuentes de agua dulce del país y acelerando una degradación
silenciosa pero devastadora. Eso es el Arco Minero del Orinoco (AMO ~111,843km2).
Y lo que está ocurriendo hoy a su alrededor es una de las historias más
importantes y menos contadas de la Venezuela contemporánea.
Pero para entender esa historia,
es necesario entender otra: la de cómo el chavismo prometió construir un Estado
desde abajo -desde las comunidades, desde la gente- y terminó construyendo un
instrumento de control desde arriba. Estas dos historias, la del AMO y la de
las comunas, son a su vez la misma historia contada por dos caminos: la de un
país cuyos recursos, naturales y humanos, son administrados en beneficio del
poder y no del pueblo. Al respecto, Víctor Álvarez, exministro de Industrias
Básicas y Minería, expresó en su momento: "Los principales beneficiarios
suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación,
mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda
la sociedad." Hay quienes dicen que para un buen entendedor sobran las
palabras.
Cuando la caída del precio del petróleo
dejó al Gobierno en desespero, buscaron el ingreso de divisas a través del AMO,
concebido por Chávez en 2011 y firmado por Maduro en 2016. La promesa fue
soberanía económica y desarrollo para el sur, pero lo que documentaron Naciones
Unidas, International Crisis Group y defensores de derechos humanos fue otra
cosa: al menos 149 muertes de trabajadores desde 2016, víctimas no solo de la
violencia, sino de condiciones de semi-esclavitud y del repunte incontrolable
de enfermedades como la malaria y el dengue; grupos armados controlando zonas
enteras; coexistencia de la explotación legal e ilegal en un territorio que
incluye el Parque Nacional Canaima -Patrimonio de la Humanidad- y los
territorios ancestrales de diez pueblos indígenas. Se dice y lee fácil, pero el
desastre ambiental registrado por los estudios ecológicos ante tal apetencia concluye
en un ecocidio sin precedentes.
En este contexto, con las
recientes visitas de funcionarios estadounidenses y la emisión de licencias, el
escenario del AMO es el que recibe a Estados Unidos. El Tesoro emitió la
licencia 51 para autorizar compra y reventa de oro venezolano por empresas de
ese país. La ONG SOS Orinoco el 07 de marzo de 2026 consideró que no había
intención de ayudar a resolver el problema, al contrario: "Este modelo fue
diseñado para ignorar las regulaciones de derechos humanos y ambientales para
beneficiar a una pequeña élite. El levantamiento de sanciones está siendo
utilizado para explotar minas que permanecen bajo el control de sindicatos
criminales y autoridades corruptas." Es una especie de blanqueo
manteniendo el ecocidio existente, así lo entiendo. La situación descrita obliga
a preguntar: ¿qué cambia cuando cambia la bandera de quien extrae? La respuesta
sería todo, si viene con transparencia, protección de derechos indígenas y
mecanismos para que la riqueza llegue a Venezuela. Nada, si solo cambia el
acento del extractivismo.
Esta lógica de extracción -de
recursos naturales para el beneficio de unos pocos, ignorando el bienestar
social y ambiental- no se limita al sur del Orinoco. Se traslada, con una
dinámica distinta, pero con el mismo objetivo de control, a las zonas urbanas y
rurales a través de una estructura llamada: las comunas. Los consejos comunales
nacieron en 2006 como la idea más prometedora del chavismo —democracia desde
abajo, recursos directos a la comunidad, participación sin intermediarios. La
realidad documentada fue diferente, y así lo expresó María Pilar
García-Guadilla, investigadora de la Ilustre Universidad Simón Bolívar: "Si
para tener acceso al agua potable o al aseo urbano debe hacerse cabildeo
partidario, entonces la participación se desnaturaliza y se convierte en
herramienta para justificar la exclusión, donde la lealtad partidista termina
pesando más que la necesidad de agua potable de un barrio".
El acceso a los recursos
comunales fue condicionado a la lealtad política. El Carnet de la Patria y los
CLAP terminaron el proceso: la bolsa de alimentos subsidiada quedó atada al
registro político, controlado por mandos militares. En diciembre de 2024, el
gobierno reformó la Ley Orgánica de Comunas para afinar el control territorial
y blindar constitucionalmente un modelo que ya no puede ganar elecciones. El
Laboratorio de Paz Venezuela, en enero de 2025 manifestó: "Las Comunas
funcionarían como dispositivos de control territorial y comunitario de la
población". Ni más, ni menos.
Reconstruir el país requiere, obligatoriamente,
que el AMO deje de ser una caja chica de la élite y se transforme en una fuente
transparente de financiamiento para escuelas, hospitales y soberanía
tecnológica —eso, si hay contratos públicos, supervisión independiente y
distribución real de beneficios. Tal como lo expresará el economista ecológico
estadounidense Herman Daly: "Un país que destruye su capital natural para
pagar sus deudas no está construyendo su futuro. Está vendiéndolo." Y en
cuanto a los consejos comunales hay que liberarlos de la tutela partidista, así
podrían recuperar su vocación original: Venezuela tiene una tradición
organizativa comunitaria que data de décadas antes del chavismo, y que
demostró, cuando fue autónoma, una capacidad real de transformar territorios.
Eso es historia reciente.
En este momento —con el tablero
político moviéndose aceleradamente— la pregunta de fondo sigue siendo la misma
que los venezolanos no han podido responderse en décadas: ¿a quién sirve el
Estado venezolano? La respuesta determinará si el oro del Orinoco construye
escuelas o llena cuentas en el exterior, si los consejos comunales empoderan
vecindades o controlan poblaciones. Lo evidente es que los recursos naturales
no construyen países. Los construyen las instituciones, la transparencia y la
voluntad de anteponer el bien común. Eso, a diferencia del coltán o el oro, no
se encuentra en ninguna mina. Se construye, o no se construye. Y esa elección
siempre es de las personas.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com