EL AGUIJÓN
EL
ROBO DEL SUDOR: CUANDO LA IMPUNIDAD SE FINANCIA CON EL HAMBRE.
Por: Arturo Molina.
En la
Venezuela que caminamos a diario, el trabajo ha dejado de ser un refugio para
convertirse en una condena de supervivencia. Quienes sufrimos las precariedades
impuestas por este modelo del "socialismo del siglo XXI" sabemos que
la crisis no es un número, sino el silencio ensordecedor de una nevera vacía.
Llevamos más de 1.400 días —casi cuatro años de desprecio oficial— sin un
aumento del salario mínimo real, una cifra que el economista y exministro Víctor Álvarez describe con precisión quirúrgica: "El gobierno ha aplicado un ajuste fiscal salvaje sobre los
hombros de los trabajadores, licuando el salario a través de una bonificación
que no genera pasivos laborales". Lo que recibimos no es un sueldo;
es una "estafa etiquetada" como bono que nos quita el derecho a las
vacaciones, a los aguinaldos y, lo más grave, a una jubilación digna.
Llamemos a las cosas por su nombre: pretender eliminar
las prestaciones sociales bajo el pretexto de que el Estado o los privados
"no pueden pagarlas" es una confesión de quiebra moral. Las
prestaciones no son un regalo del patrono, son salario diferido. Como
bien advierte la abogada laboralista Jacqueline Richter,
directora del Observatorio de Derechos de Propiedad: "Las prestaciones son
propiedad privada del trabajador; confiscarlas o desmejorarlas es violar el
principio de progresividad de los derechos humanos". Argumentar
insolvencia hoy, después de haber dilapidado la mayor bonanza petrolera de
nuestra historia, es un insulto a la inteligencia. Mientras nos piden
sacrificio, asistimos a un opaco juego de espejos en un gabinete ministerial
que solo se maquilla para gestionar cuotas de poder entre corrientes internas
—un día del ala de Maduro, otro de la familia Rodríguez—, mientras el dinero de
las licencias y el "tutelaje" extranjero se mueve en una caja negra
que nadie rinde.
La incidencia económica de esta política es devastadora:
según estimaciones de diversas firmas financieras, más del 90% del ingreso mensual del venezolano hoy es "no salarial".
Esto significa que el trabajador está financiando, con su propia miseria, el
déficit de un Estado que prefiere "correr la arruga" antes que
auditar sus arcas. Una cosa es sentarse a acordar soluciones para reactivar la
producción y otra, muy distinta, es pretender que la clase trabajadora entregue
sus derechos para proteger la impunidad de una élite que no sabe lo que es
vivir con un sueldo de hambre. No hay sentido ético en una propuesta que castiga
al que produce para salvar al que malversa.
La reconstrucción de Venezuela exige propuestas que
pongan al ser humano en el centro: es urgente la salarización inmediata de los
bonos, la creación de un fondo de contingencia para el pago de pasivos
laborales auditado por organismos internacionales y el retorno al cumplimiento
estricto del Artículo 91 constitucional, que exige un salario ajustado a
la canasta básica. El país no necesita más maquillaje político ni luchas de
facciones que no conocen el costo de un cartón de huevos; necesita que la
transparencia reemplace al secreto y que el sudor del trabajador vuelva a
valer. Sacrificar al que trabaja para salvar al que dilapidó no es economía, es
una injusticia del tamaño de nuestra indignación.
Arturo Molina.
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com