EL AGUIJÓN
LA TRAGEDIA DE LOS TUTELADOS.
Por: Arturo
Molina.
El gobierno
tutelado ha convocado una “Gran Peregrinación Nacional” para el próximo 19 de
abril de 2026, una fecha profundamente simbólica que remite al inicio de
nuestra gesta emancipadora, con actividades previstas hasta el 1 de mayo. El
propósito declarado es denunciar el impacto de las sanciones económicas
impuestas por Estados Unidos. Estas medidas han tenido efectos severos sobre la
población, han deteriorado el poder adquisitivo de las familias y han
contribuido al debilitamiento del aparato productivo nacional.
Sin
embargo, en medio de esta narrativa emerge una contradicción que no puede ser
ignorada. Resulta políticamente inconsistente y estratégicamente debilitante
denunciar con firmeza una forma de injerencia externa mientras se guarda
silencio -o se actúa con ambigüedad- frente a otras expresiones de pérdida de
control territorial dentro del propio país. La soberanía, entendida en su
sentido integral, no admite fragmentaciones ni defensas selectivas. Como
advertía Simón Bolívar, la independencia no es un concepto parcial: implica el
ejercicio pleno de autoridad sobre el territorio y la autodeterminación sin
tutelajes, vengan de donde vengan. Defenderla a medias no es defenderla; es, en
realidad, erosionarla.
Escribo
desde el estado Táchira, donde la soberanía no es una abstracción jurídica,
sino una vivencia cotidiana. En amplias zonas de la frontera, la presencia y
operación de grupos armados irregulares no es un rumor, sino una realidad
conocida por las comunidades. Investigaciones como las del sociólogo Rafael
Uzcátegui han advertido cómo la porosidad fronteriza y la debilidad
institucional han derivado en formas de gobernanza híbrida, donde actores no
estatales ejercen control efectivo sobre territorios específicos. Esta
situación responde a una combinación compleja de factores: dinámicas históricas
propias de la frontera, economías ilícitas, fragilidad institucional y
limitaciones operativas del Estado. Reconocer esta complejidad no exime
responsabilidades; por el contrario, las hace más urgentes. La soberanía se
vulnera tanto por decisiones externas que afectan la economía nacional como por
la incapacidad de garantizar el monopolio legítimo de la fuerza dentro del
territorio. Ambas realidades deben ser enfrentadas con igual seriedad.
Cuando el
Estado adopta una postura firme frente a las sanciones, pero evita abordar con
la misma claridad la pérdida de control en zonas estratégicas, no solo incurre
en una incoherencia discursiva. También debilita su legitimidad, tanto interna
como externa. Un discurso soberanista que no reconoce sus propias fracturas
pierde fuerza ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional. En este
contexto, la peregrinación convocada corre el riesgo de ser percibida más como
un acto de movilización política que como un ejercicio genuino de reafirmación
nacional. No es la conmemoración en sí lo cuestionable, sino su posible
instrumentalización coyuntural. Convertir una fecha histórica en plataforma
política puede terminar diluyendo su significado profundo. De allí surge lo que
denomino la tragedia de los tutelantes y los tutelados: rechazar una forma de
dependencia mientras se toleran -o se sustituyen- por otras. No se trata
únicamente de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, sino de
cualquier vínculo asimétrico que comprometa la autonomía real del país, ya sea
en lo geopolítico, financiero o militar. Cambiar de tutor no es independencia;
es, en el mejor de los casos, una ilusión de autonomía.
En medio de
la crisis, han comenzado a surgir voces que, desde la frustración, coquetean
con fórmulas que implican cesiones de soberanía o esquemas de “asimilación”
externa. Estas propuestas, aunque comprensibles en su origen, entrañan un
riesgo profundo. Como ha señalado la investigadora Francine Jácome, la
reconstrucción de Venezuela solo podrá sostenerse sobre instituciones sólidas y
democráticas, pero estas dependen, de manera ineludible, de un territorio
íntegro y bajo control efectivo del Estado. Ceder soberanía como respuesta a
una crisis coyuntural no resuelve el problema: lo convierte en una pérdida
histórica. Frente a este panorama, la crítica solo tiene sentido si se traduce
en acción. Esto implica asumir, sin ambigüedades, una política de Estado
orientada a la recuperación progresiva del control territorial, especialmente
en zonas fronterizas, mediante una estrategia de seguridad sostenida y
coordinada. Pero ese esfuerzo no puede limitarse al ámbito militar: exige el
fortalecimiento de la institucionalidad local, la presencia efectiva del Estado
y la garantía de derechos para la población.
Al mismo
tiempo, resulta imprescindible despolitizar el concepto de soberanía,
elevándolo por encima de intereses partidistas, y sostener una posición
internacional coherente que rechace toda forma de injerencia, sin excepciones
ni selectividades. El verdadero peligro no es solo la pérdida material de
control, sino el legado conceptual que estamos construyendo: una idea
fragmentada de patriotismo, donde la defensa de la nación parece depender de
conveniencias políticas. Frente a ello, la posición debe ser firme: ni
sanciones que empobrecen al pueblo en nombre de la democracia, ni tolerancia a
la pérdida de control territorial en nombre de ninguna causa. Rechazamos todo
tutelaje, venga de donde venga. Pero, más importante aún, exigimos coherencia,
responsabilidad y acción. Solo así Venezuela podrá dejar de oscilar entre
dependencias y recuperar, con dignidad, su condición de nación verdaderamente
libre y soberana.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com