EL AGUIJÓN
LA TRAMPA
DE LA TUTELA.
Por: Arturo Molina.
La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 no
significó el cierre de una etapa, sino la apertura de una transición cuya
naturaleza aún no termina de definirse. Para muchos venezolanos representó el
fin de una pesadilla; para otros, la confirmación de que la soberanía nacional
había sido vulnerada. Ambas percepciones conviven en un país que intenta
reorganizarse mientras todavía no define con claridad el alcance real del
cambio. Las experiencias comparadas obligan a observar este momento con
serenidad. Revisemos algunos escenarios.
1-Irak, tras la intervención de 2003, la Autoridad
Provisional de la Coalición asumió el control con el propósito declarado de
estabilizar y reconstruir el país (así lo anunciaron al mundo). El tiempo
demostró, de forma implacable, que la ingeniería institucional impuesta desde el
exterior, sin legitimidad social suficiente, tiene límites severos e
inevitables. El politólogo Larry Diamond, quien participó como asesor en ese
proceso, advirtió: “No se puede imponer la democracia a punta de fusil; la
legitimidad debe crecer desde adentro”. La advertencia no es ideológica, es
histórica y responsable.
2-Kosovo, bajo administración internacional después del
año 1999, se logró una estabilización inicial, pero el debate sobre soberanía y
tutela prolongada aún persiste. El politólogo Roland Paris señaló en su obra “Al
final de la guerra” que la liberalización política sin bases institucionales
sólidas puede generar nuevas tensiones en lugar de resolverlas. La enseñanza es
clara: estabilidad no equivale automáticamente a consolidación democrática. Ese
camino hay que transitarlo conscientemente.
3-Panamá, tras la salida de Manuel Noriega en 1989,
logró reordenar su sistema político con mayor rapidez porque contaba con
estructuras estatales menos erosionadas y con actores políticos capaces de
acordar reglas mínimas de convivencia. Aunque las comparaciones no ofrecen
recetas mecánicas, ni automáticas, sí generan advertencias: ningún desenlace positivo
está garantizado únicamente por la remoción de un gobernante. Hay que revisar
con sumo cuidado lo que existe detrás del mismo.
4-Venezuela, la transición parece avanzar a dos
ritmos. La reorganización del sector energético y de los mecanismos financieros
asociados ha sido prioritaria y expedita, mientras que la redefinición
institucional —independencia judicial, cronograma electoral, garantías
políticas plenas— avanza con mayor lentitud, algo así como: un día sí, pero una
semana no. Algunos se preguntan: ¿qué clase de modelo se está construyendo
cuando la estabilización económica precede y condiciona la legitimación
política?
Aquí se hace necesario reconocer que el deterioro de
la soberanía no comenzó con la intervención de Donald Trump. Durante años, el
gobierno, ahora tutelado, debilitó la institucionalidad, erosionó el sistema
electoral y permitió la penetración de intereses externos bajo un discurso que
invocaba la independencia nacional mientras la vaciaba de contenido. Las
observaciones, reclamos o exigencias realizadas por esos eventos, no fueron
escuchadas, sino además se sancionó a quienes se atrevieron a hacerlo. Ahora, admitir
esa responsabilidad histórica no convierte en irrelevante el debate presente.
El derecho internacional contemporáneo sigue tensionado entre el principio de
no intervención y lo que llaman responsabilidad de proteger. La estudiosa del
derecho Anne Peters ha advertido que “la defensa de los derechos humanos no
debe transformarse en una sustitución permanente de la autodeterminación de los
pueblos”. Aquí, la línea entre cooperación y tutela se vuelve peligrosamente
difusa cuando no se fijan límites claros en un horizonte de devolución del
poder.
Cientos de venezolanos ven en la intervención una
oportunidad para recuperar la calidad de vida tras años de hiperinflación,
migración masiva y deterioro social, traducido en hambre y miseria. Esa
esperanza es comprensible. Pero la experiencia comparada anteriormente,
demuestra que las transiciones sostenibles dependen de la construcción de
reglas aceptadas por la mayoría. El politólogo Samuel Huntington recordaba que “el
desafío central no es solo expandir libertades, sino consolidar instituciones
capaces de sostenerlas en el tiempo”. Eso implica dejar a un lado el quítate
tú, para ponerme yo, porque ni el anochecer, ni el amanecer, aseguran gobernabilidad.
Venezuela tiene una ubicación geopolítica estratégica
y una riqueza natural que la convierten en un actor relevante del mercado
energético global (está demostrado y a los hechos me remito). El economista
Daron Acemoglu ha explicado que “las naciones prosperan cuando el poder se
distribuye y las instituciones limitan su concentración en pocas manos”. El
desafío venezolano no es únicamente reactivar la producción, sino establecer
reglas que garanticen el control ciudadano efectivo y su voluntad sea
respetada. Por eso resulta indispensable que el cronograma electoral sea
vinculante y verificable internacionalmente, que la independencia del Poder
Judicial se restaure con jueces seleccionados por consenso y no por designación
unilateral, y que los contratos petroleros y mineros queden sometidos a
auditoría pública permanente. Tal vez se puede lograr una eficiencia técnica con
una administración más sofisticada dejando a un lado estos tres pilares en
concreto, pero va a persistir la misma fragilidad institucional.
Los venezolanos enfrentan un inmenso reto y superarlo
de forma plausible requiere de madurez política. No se trata de aplaudir sin
reservas ni de condenar sin matices. Se trata de comprender que la
reconstrucción de la República dependerá de la capacidad de articular un
acuerdo nacional que incluya elecciones verificables, independencia real de
poderes, control transparente de los recursos naturales y políticas sociales
que restituyan la dignidad a los ciudadanos. Apostar al desierto solo para
vociferar libertad sin tener piso solido que la sustente, se transforma en un
absurdo en el tiempo.
La historia demuestra que ningún país se reconstruye
exclusivamente desde el exterior, ni únicamente desde la retórica interna.
Venezuela tiene hoy la rara oportunidad de demostrar que es posible aceptar
ayuda externa sin entregar la República. La libertad nunca ha sido un decreto
ni una concesión extranjera. Es el resultado de instituciones legítimas que
solo pueden sostenerse sobre la voluntad colectiva y la rendición de cuentas
real. Eh ahí el gran desafío.
Arturo
Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com