EL AGUIJÓN
MÁS ALLA DE LA PROPAGANDA Y LAS SANCIONES
Primera parte: el diagnóstico de una crisis
multifactorial
Por: Arturo Molina
La tensa situación que enfrenta Venezuela —con la inminencia de
un conflicto militar, una profunda crisis interna y una parálisis política— no
es un fenómeno aislado. Se enmarca en lo que politólogos como Steven Levitsky y
Daniel Ziblatt han denominado el "deterioro democrático", un proceso
sutil en el que las instituciones se erosionan desde dentro. Sin embargo, en el
caso venezolano, este deterioro ha escalado a una crisis existencial que
amenaza con trascender sus fronteras. No se trata solo del colapso de un
sistema político, sino de la posible desintegración social, una dinámica que
otros autores, como Moisés Naím, han descrito como la anatomía del poder que se
ejerce al margen de la ley.
La presencia de flotas navales estadounidenses en aguas cercanas
a Venezuela y las acusaciones de "narcoterrorismo" contra el gobierno
de Caracas —sin que se presenten pruebas formales en instancias
internacionales— son un síntoma de una diplomacia de confrontación que prioriza
la fuerza sobre el derecho. Este tipo de acciones son cuestionadas por expertos
en relaciones internacionales, quienes, como Fareed Zakaria, argumentan que la
"democratización del poder" global exige un enfoque multilateral y no
unilateral. En este contexto, la amenaza militar no solo viola la soberanía
nacional, sino que también debilita la confianza en el sistema internacional de
justicia y seguridad colectiva. Se evidencia una guerra de la información donde
las acusaciones, como ha señalado el filósofo Noam Chomsky, se convierten en un
fin en sí mismas, preparando a la opinión pública para escenarios más drásticos
al deshumanizar al adversario.
A nivel interno, el país sufre una crisis humanitaria de
proporciones monumentales, resultado de la debacle económica y social. La
extrema polarización y el fanatismo han sofocado el debate constructivo,
convirtiendo a la sociedad en un campo de batalla donde el disenso es
castigado. La lógica de "si no estás conmigo, estás con el enemigo"
ha convertido al diálogo en una utopía. Las dudas sobre los procesos
electorales y la fragmentación de la oposición, que ha llamado a la abstención
en momentos clave, han perpetuado un ciclo de inmovilismo político que solo
beneficia a quienes se aferran al poder. La ineficacia de la protesta y el voto
para generar un cambio ha creado un profundo sentimiento de desesperanza, un
fenómeno estudiado por el sociólogo Richard Sennett, que describe cómo la
pérdida de confianza en las instituciones políticas puede llevar a la apatía y
la resignación ciudadana.
Además, la arbitrariedad del poder se ha manifestado en la
represión selectiva de la disidencia. La detención de ciudadanos por expresar
opiniones críticas en redes sociales o en artículos de opinión, y los
allanamientos a viviendas sin orden judicial, demuestran el uso del sistema
legal como una herramienta de persecución política. Esta criminalización del
pensamiento disidente no solo viola derechos fundamentales como la libertad de
expresión, sino que, como advierte Hannah Arendt en su análisis sobre los
orígenes del totalitarismo, es una característica de regímenes que buscan
controlar no solo las acciones, sino también las mentes de los individuos. Al
generar un ambiente de miedo e incertidumbre, el gobierno busca silenciar
cualquier voz crítica y consolidar su control absoluto, lo que agrava aún más
la fractura social y política.
Un elemento fundamental en esta ecuación es el impacto de las
sanciones económicas. Si bien se presentan como una herramienta para presionar
al gobierno, en la práctica, su mayor peso recae sobre la población civil.
Teóricos de la geopolítica, como Dani Rodrik, han documentado cómo las
sanciones rara vez logran un cambio de régimen, pero casi siempre empeoran la
calidad de vida de los ciudadanos comunes. En Venezuela, las sanciones han
exacerbado la crisis económica, restringiendo el acceso a alimentos, medicinas
y bienes básicos, lo que ha provocado una migración masiva sin precedentes en
la historia reciente de América Latina. Esta crisis humanitaria, con más de 7
millones de venezolanos desplazados, es un recordatorio de que las decisiones
políticas unilaterales tienen consecuencias devastadoras para los más
vulnerables.
La soberanía nacional, por su parte, ha sido vulnerada por la
presencia de grupos armados irregulares en las zonas fronterizas, un problema
que la analista Ana Belén Hernández ha identificado como una de las principales
amenazas a la seguridad regional. La incapacidad del Estado para ejercer un
control efectivo sobre su territorio no solo legitima la intervención de
terceros, sino que también pone en riesgo la vida de miles de venezolanos que
viven en esas áreas. Esta situación ha llevado a que algunos analistas de
seguridad, como Robert I. Rotberg, clasifiquen al Estado venezolano como un
"Estado frágil" o incluso un "Estado fallido" en algunas
regiones.
Arturo
Molina
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