EL AGUIJÓN
AGUJA
POMPA
POR: ARTURO MOLINA
Venezuela parece se ha
convertido en territorio abierto para la ilegalidad. Con ello no se pretende
señalar solo a grupos ligados al poder. El crecimiento del delito pasa por
revisar la situación socio económica que atraviesa el país, devenida de la
crisis política que se arrastra por el desconocimiento del estamento legal por
parte del oficialismo, eso es cierto, pero también por el desespero de la
obtención de dinero a grandes escalas de un día para otro por sectores que ven
el camino expedito para lograrlo. Eso le ha servido a las mafias del
contrabando y del narcotráfico hacerse de voluntades sin valores morales y
éticos, e introducirlos en el negocio ilícito, lugar de donde no podrán volver
a salir.
Es desconcertante ver que
las cárceles del país están llenas de jóvenes. Los anuncios de detenciones
señalan que de cada tres privados de libertad, dos son jóvenes y el otro un
menor de edad (ver prensa nacional). Revisar cuadros estadísticos de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como la de Observatorio de Prisiones
(https://oveprisiones.com), -del lado del gobierno no se consiguen cifras, o
son poco creíbles-, es traumatizante. A la juventud se les está negando la
posibilidad de desarrollar su potencial, y tal vez, se les arrincona y obliga a
actuar en la dirección incorrecta. El tema salarial pesa enormemente al momento
de revisar las condiciones de vida que tienen los venezolanos. Es bochornoso
ver como se miente sobre cifras de pobreza. Recorrer las carreteras que llevan
hacia la frontera con otros países y ver a cientos de personas, familias
incluso con hijos en brazos, caminando para salir del país, es muestra del
nivel de desespero que registran esos ciudadanos por la hambruna existente.
Allí se visualiza el fracaso gubernamental del régimen.
El país necesita oxigenar estructuras
de poder. Oír a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia decir que en el
año judicial se lograron colocar vacunas al personal y repartir bolsas de
alimentos, lleva a pensar que se entró en el terreno de lo superfluo, nada
tiene que ver con la responsabilidad institucional encomendada. Así sucede con el
estamento militar, descuidaron los espacios de resguardo del área fronteriza permitiendo
el establecimiento de grupos irregulares en esos lugares (rurales y urbanos), llámense
guerrilla o paramilitares, quienes extorsionan a los productores y ciudadanos
del sector, en un acto de abierta y desafiante violación a la soberanía nacional.
La desconfianza de las personas hacia la policía crece diariamente porque
algunos funcionarios dañan el prestigio institucional. Ahora se denuncia a
jefes en alianza con grupos irregulares para continuar con abusos. ¿Cuadrantes
de seguridad ciudadana? ¿Cómo detectar al delincuente, si los hay uniformados y
con armas de reglamento? La enfermedad hizo
metástasis. Se leen anuncios de detenciones de alcalde, diputado y militares
con rango o rasos, por narcotraficantes.
Los delincuentes no son la
mayoría de los ciudadanos. El gobierno desvió sus funciones, guardo silencio
ante las denuncias, y se dedicó a encarcelar a disidentes políticos y sociales.
Cerró los espacios al reclamo; apostó por el arrastrado, y quebró el respeto a
la institucionalidad. Las decisiones
devienen de dos o tres actores gubernamentales, que hablan incluso en nombre de
otros poderes, para amenazar a quienes osen levantar la voz en contra de la
vulgaridad. Ahora buscan remendar el traje con agujas pompas.
ARTURO MOLINA
@jarturomolina1
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jarturomolina@gmail.com