EL AGUIJÓN
ENTRE
APAGONES Y EL PODER: DESMONTAR EL MODELO QUE OSCURECIÓ A VENEZUELA.
Por: Arturo
Molina.
).png)
La paciencia de amplios sectores del país parece
haberse agotado. Lo que padecemos a diario con el sistema eléctrico nacional
dejó de ser una simple falla de infraestructura para convertirse en uno de los
síntomas más visibles del deterioro institucional venezolano. Mientras desde
los despachos oficiales se multiplican las explicaciones para justificar la
crisis, en las calles crece una sensación de abandono entre ciudadanos que solo
aspiran a trabajar, producir y vivir con normalidad. Quienes habitamos esta
región y observamos a diario la dinámica comercial de San Cristóbal, así como
las dificultades que enfrentan los 28 municipios del Táchira, sabemos que el
costo de esta situación es enorme. Comerciantes que improvisan para evitar pérdidas,
hospitales sometidos a constantes contingencias, centros educativos afectados
por interrupciones recurrentes y empresas que reducen operaciones o simplemente
bajan su Santamaría. Lo que ocurre en el Táchira se repite en buena parte del
país, limitando la actividad económica y deteriorando la calidad de vida de
millones de venezolanos.
En numerosas comunidades los cortes eléctricos
han dejado de ser eventos excepcionales para convertirse en parte de la rutina.
Interrupciones de una, dos, tres y hasta cinco horas diarias alteran el
descanso, afectan el desempeño laboral y obligan a las familias a reorganizar
sus actividades alrededor de cronogramas que muchas veces ni siquiera son
informados con claridad. La incertidumbre se ha convertido en un componente más
del servicio. Las consecuencias son visibles en cada hogar. Alimentos que se
dañan, medicamentos que pierden refrigeración, estudiantes que ven
interrumpidas sus actividades académicas, adultos mayores expuestos a
condiciones cada vez más difíciles y pequeños emprendedores que deben asumir
costos adicionales para mantenerse operativos. Cada apagón deja pérdidas
económicas, afecta la productividad y reduce las posibilidades de recuperación
de un país que necesita generar empleo y atraer inversiones.
Nada de esto ocurrió de manera espontánea. La
crisis es consecuencia de años de decisiones equivocadas, falta de
mantenimiento, deterioro de la infraestructura y desplazamiento progresivo del
conocimiento técnico por criterios de conveniencia política. Un sistema
eléctrico de la magnitud del venezolano requiere planificación, inversión
constante y personal altamente calificado. Cuando esos elementos desaparecen,
los resultados terminan siendo inevitables. Durante décadas, Venezuela contó
con profesionales capaces de desarrollar y operar una de las infraestructuras
eléctricas más importantes de la región. Sin embargo, la centralización de las
decisiones, la pérdida de autonomía institucional y la ausencia de mecanismos
efectivos de evaluación y control terminaron debilitando la capacidad de
respuesta del sector. El resultado está a la vista: un servicio cada vez más
inestable y una ciudadanía obligada a convivir con la incertidumbre.
Frente a esta realidad, el debate no debería
centrarse únicamente en identificar responsables, sino en construir soluciones
sostenibles. Venezuela necesita una transformación profunda de su modelo de
gestión eléctrica, basada en criterios técnicos, eficiencia administrativa y
supervisión institucional efectiva. La experiencia internacional demuestra que
los sistemas más robustos combinan regulación pública, inversión, controles
independientes y mecanismos que promueven la eficiencia operativa. En esa
dirección, resulta necesario abrir espacios para la participación de nuevos
actores, impulsar esquemas de generación distribuida, promover inversiones
regionales y establecer metas de desempeño verificables para quienes
administren el servicio. Igualmente importante será recuperar el capital humano
especializado, fortalecer los programas de mantenimiento preventivo,
rehabilitar la capacidad termoeléctrica instalada, reducir pérdidas técnicas y
garantizar información pública que permita evaluar con objetividad el estado
del sistema. Sin conocimiento técnico, planificación y transparencia, cualquier
reforma estará condenada al fracaso.
No se trata de exigir privilegios. Se trata de
defender el derecho de los venezolanos a contar con servicios públicos
confiables y acordes con las necesidades de una nación moderna. La electricidad
no puede seguir siendo una fuente permanente de incertidumbre para hogares,
comercios, productores y trabajadores. La recuperación del sistema eléctrico
exige mucho más que discursos. Requiere voluntad política, capacidad de gestión
y una visión de país que coloque el interés nacional por encima de cualquier
cálculo partidista. Porque cuando se apaga la luz, no solo se interrumpe un
servicio: también se debilita la confianza de una sociedad que sigue esperando
respuestas.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com