EL AGUIJÓN
LA FRONTERA NO PIDE PRIVILEGIOS: PIDE FUTURO.
EL DEBATE PENDIENTE SOBRE LA ZONA ECONÓMICA
BINACIONAL.
Por: Arturo Molina.
Durante años, la frontera colombo-venezolana ha
sobrevivido entre cierres, trochas, devaluaciones y abandono institucional.
Allí, donde miles de familias cruzan diariamente buscando trabajo, alimentos,
medicinas o simplemente una oportunidad para sostener sus hogares, vuelve hoy a
abrirse un debate determinante para el futuro de la región: la creación de una
Zona Económica Binacional entre el estado Táchira y Norte de Santander.
Cuando el gobernador Freddy Bernal presentó esta
propuesta ante la Asamblea Nacional, el proyecto fue expuesto bajo la promesa
de reactivar la llamada “frontera más viva de América Latina”, impulsando el
comercio formal, la inversión y el empleo. La viabilidad económica de esta
iniciativa no es una fantasía. La dinámica comercial y productiva de Ureña, San
Antonio, Rubio, Capacho, La Fría, San Cristóbal, Delicias y el eje del
Catatumbo ha estado históricamente conectada con Cúcuta, Villa del Rosario,
Puerto Santander y Tibú. Son territorios unidos no solo por la geografía, sino
también por relaciones familiares, culturales y económicas que han sobrevivido
incluso a las tensiones políticas entre ambos países. Sin embargo, el verdadero
debate no radica únicamente en cuánto comercio puede generar esta propuesta,
sino en qué tipo de desarrollo se pretende construir y quiénes terminarán
beneficiándose realmente de él.
La frontera es un ecosistema complejo, marcado
por la coexistencia de dos Estados, dos monedas, dos marcos regulatorios y
profundas asimetrías económicas. Durante décadas, la ausencia efectiva de
institucionalidad, tanto del lado venezolano como del colombiano, abrió espacio
a un comercio desordenado que fortaleció economías irregulares y profundizó la
desigualdad social. Las distorsiones cambiarias, la informalidad y la debilidad
de los controles terminaron desplazando buena parte de la actividad económica
hacia los llamados “caminos verdes”, creando estructuras paralelas que todavía
condicionan la vida cotidiana de miles de ciudadanos. Los años de cierre
fronterizo dejaron además una lección evidente: una frontera clausurada no
elimina las dinámicas económicas; simplemente las desplaza hacia la ilegalidad
y fortalece redes que terminan sustituyendo la presencia del propio Estado.
Cuando el Estado desaparece de la frontera, otros poderes terminan ocupando su
lugar.
Por eso, reducir este debate únicamente a cifras
comerciales sería un error estratégico. En el papel, la Zona Económica
Binacional puede representar un signo de madurez política y cooperación
regional. Pero en la práctica siguen existiendo vacíos preocupantes sobre
tributación, garantías laborales, seguridad jurídica, protección social y
control efectivo del territorio. Allí nace buena parte del recelo que hoy
expresan gremios, productores agrícolas, pequeños comerciantes y comunidades
fronterizas. El temor no es irracional. Muchas personas perciben el riesgo de
que la región termine convertida en un simple espacio extractivista, donde los
grandes capitales concentren los beneficios mientras la población local
continúe atrapada entre bajos salarios, precarización y dependencia económica. Detrás
de cada decisión económica existen familias enteras que dependen del pequeño
comercio, del trabajo fluctuante y de la producción agrícola para sobrevivir.
Para miles de trabajadores fronterizos, la apertura no es un debate ideológico;
es una necesidad profundamente humana.
En un contexto de reconfiguración económica
posterior a la pandemia, hablar de más comercio exige también hablar de
contraprestaciones reales para quienes habitan la frontera. Sin empleo formal,
salarios dignos, fortalecimiento de la producción local y protección efectiva
para las pequeñas y medianas empresas, la apertura podría terminar repitiendo
un viejo ciclo de frustración y desigualdad. Pero quizá el desafío más delicado
no sea únicamente económico o arancelario, sino institucional y soberano.
Porque la soberanía no se pierde solamente cuando actores armados ocupan
espacios territoriales; también se debilita cuando el ciudadano depende de
economías ilegales para sobrevivir, cuando el productor local desaparece frente
a las asimetrías del mercado o cuando la ausencia del Estado deja a las
comunidades a merced de estructuras paralelas de poder.
La urgencia ciudadana por recuperar oportunidades
explica el respaldo que muchos sectores expresan hacia una mayor apertura
económica. Sin embargo, el pragmatismo comercial no puede justificar acuerdos
construidos exclusivamente desde oficinas técnicas o intereses corporativos,
sin escuchar a quienes viven diariamente la realidad fronteriza. El Táchira no
puede limitarse a ser un simple espacio de tránsito económico. Debe convertirse
en protagonista de su propio modelo de desarrollo. Por ello, el debate debe
abandonar los escritorios de Caracas y Bogotá para instalarse directamente en
las calles de ambos lados de los espacios fronterizos. La población tiene que
ser protagonista de las decisiones que marcarán su futuro. Es indispensable
conocer con transparencia qué exigencias tendrán los grandes inversionistas,
cuántos empleos reales se generarán y cuáles sectores serán priorizados. También
resulta necesario establecer mecanismos claros para proteger a nuestros
productores, trabajadores migrantes y barrios populares frente a las profundas
asimetrías económicas existentes.
En este punto, la participación activa de
universidades, especialistas, gremios y organizaciones sociales resulta
fundamental para evitar que se repitan errores que, en otras regiones,
terminaron ampliando la desigualdad en nombre de la integración. La experiencia
internacional demuestra que los procesos fronterizos exitosos no dependen
únicamente de aperturas comerciales, sino también de instituciones sólidas,
reglas claras, protección social y participación ciudadana efectiva. La
integración verdadera no puede construirse sacrificando la dignidad de quienes
habitan la frontera.
La Zona Económica Binacional podría convertirse
en un paso importante hacia una mayor madurez geopolítica y económica para
ambos países, siempre y cuando se estructure con equidad, transparencia y una
defensa firme de la soberanía nacional. Pero conviene subrayar algo esencial:
la frontera no es un simple corredor mercantil ni una estadística económica. La
frontera es el hogar de miles de familias que durante años han resistido el
abandono, la incertidumbre y la improvisación política. Porque la frontera no
pide privilegios. Pide dignidad y oportunidades y una mejor la calidad de vida.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com