EL AGUIJÓN
JUBILADOS
POR: ARTURO MOLINA
La jubilación es entendida, de acuerdo a la Ley, como
un mecanismo administrativo que se aplica a los funcionarios al cumplir los
años de servicio en las tareas encomendadas. Hay sectores que tienen algunos
requisitos diferentes a otros, todo dentro del marco de la responsabilidad que
se desempeña y el desgaste físico y mental que generan esas labores. El sector
público es el que mayor cantidad de jubilados absorbe por su amplitud en los
sectores que atiende. En el mismo los referidos a la salud y educación gozan de
algunas prerrogativas distintas a los que activan en el resto de la administración.
La valoración y el respeto a los jubilados no tiene
que ver con color político o militancia partidista. Es un derecho adquirido y
consagrado en la legislación venezolana al que deben acogerse los gobernantes en
el marco de la continuidad administrativa, y en consecuencia de la Constitución
Nacional de la República y de las Leyes que de ella derivan. Aspirar a la
justicia social y el bienestar colectivo desmejorando las condiciones socio-económicas
a quienes han prestado sus servicios durante treinta (30) o más años, es
desnaturalizar el trabajo realizado y desconocerles como personas y
funcionarios.
Los educadores son pilares fundamentales en el
crecimiento y desarrollo en cualquier sociedad. Sin educación de calidad, el
resultado será una sociedad sin rumbo e improvisada. La calidad, además de las
herramientas didácticas y tecnológicas indispensables para la formación, se
sustenta en la pieza clave de la escalera: los docentes. Es imperativo que los
gobernantes y gobernados reflexionen sobre la necesidad de garantizar el equilibrio
y armonía en los funcionarios de la administración pública, cumpliendo con el
derecho a la salud, recreación, bonificaciones, acceso a medicamentos y
salarios plausibles.
Los funcionarios de la administración pública al
llegar el momento de recibir su jubilación les asiste el derecho de vivir con
dignidad, jamás estar detrás de gobernante alguno, mendingando su atención para
que no les deje morir en la miseria. Disfrutar de los frutos de su esfuerzo no
es solo una compensación de carácter económico, es la exigencia a su
reconocimiento para entrar en una nueva etapa que requiere asumir con hidalguía
el desafío que tienen por delante: envejecer y morir con respeto.
El pago de las prestaciones sociales no tiene por qué
ser demorado. En Venezuela, nuevamente se está registrando un proceso acelerado
de la devaluación de la moneda. Hay docentes dependientes del ejecutivo
regional del Táchira, que esperan el
pago de las mismas desde febrero de 2024, pero aún no tienen respuesta de la
cancelación de ese beneficio. ¿Será que las van a cancelar ajustadas a las
realidades económicas? De no ser así, ¿Quiénes asumen esa responsabilidad? ¿Continuará
la precariedad e incertidumbre?
ARTURO
MOLINA
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com