EL AGUIJÓN
¿QUÉ PASÓ CON LA MANOSEADA SOBERANÍA NACIONAL?
ARTURO MOLINA
La
necesidad de figurar y desviar la atención hacia lugar contrario a lo que
acontece, para evitar que las personas lo conozcan, se hace presente con fuerza
en actores del gobierno nacional, y son multiplicados por gobernantes
regionales, al intentar opacar investigaciones que con evidencia irrefutable
muestran información a los ciudadanos.
El
tema de la frontera es amplio para el debate geopolítico, y las consecuencias
que se derivan por la ausencia de política pública consensuada con los actores
que hacen vida en ese espacio territorial, por parte de la elite gubernamental,
mantiene a las personas intranquilas y con dudas sobre el papel del gobierno en
esos asuntos. Las decisiones centralistas han acentuado la presencia de grupos
irregulares, y delincuenciales, que constriñen la tranquilidad y seguridad de
los habitantes fronterizos. Revisar los números que presenta la Organización No
Gubernamental (ONG) Funda Redes, publicada en el Semanario La Prensa del
Táchira con fecha del 29/04 al 05/05/2022 más allá de la molestia que pudiera
ocasionar al oficialismo, debe servir para reflexionar, y crear alternativas de
solución con la contundencia requerida.
Los
datos suministrados a la fuente periodística por la ONG Funda Redes permiten
elucubrar que el desplazamiento de la delincuencia de otras partes del país
hacia la frontera tachirense se concreta por ser este paso obligatorio de
migrantes que buscan otros destinos, y son poseedores de algún recurso
económico, o para penetrar la actividad comercial que allí se registra, al
señalarse que de las dieciocho (18) bandas que se conocen en territorio
nacional, nueve (9) se encuentran presentes en el Táchira. Aún cuando las
afirmaciones de algunos ciudadanos estén direccionadas a que las autoridades no
hacen nada para erradicarlas, pudiera también entenderse que es producto del
fracaso de la estrategia utilizada por el oficialismo (si es que existe), o de
convivencia acordada de factores del gobierno con esos actores delincuenciales,
lo que sería en extremo peligroso.
Los
cuatro (4) grupos de la guerrilla, señalados de operar en territorio
tachirense, tres (3) son de origen colombiano y uno (1) venezolano, de los
cuales el llamado ejército de liberación nacional (ELN-Elenos) en cinco (5) de
sus frentes, desplegaron sus células en la entidad. Esa presencia obliga a
tener que decir que se duerme con el enemigo, si se revisa lo ilegal de su
estatus. La pregunta obligada sería entonces, ¿Conoce el gobierno de la
presencia de irregulares en suelo tachirense? ¿Son esos los únicos grupos
irregulares que se han radicado y extendido en Táchira, con posibilidad de hacerlo
al resto del país? El estado Apure sufre desde hace tiempo por la presencia de
grupos irregulares quienes se disputan el territorio para llevar a efecto sus
negocios.
Los
llamados grupos paramilitares, cuatro (4) específicamente siguen con actividad
delincuencial en la zona, destacando los llamados Rastrojos y los Urabeños. Al
parecer, el delito se ha apoderado de la frontera. Ni el gobierno colombiano,
menos el venezolano, tienen control del asunto. Diversas agresiones son
adjudicadas a esas organizaciones. El discurso envolvente y manipulador del
gobierno, ya no es suficiente. El problema es de proporciones incalculables. Lo
amañado termina mal, y entra la pregunta, ¿Qué pasó con la tan manoseada
Soberanía Nacional?
ARTURO MOLINA
@jarturomolina1
www.jarturomolina.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com