EL AGUIJÓN
SALARIO, PETRÓLEO Y VERDAD.
Por: Arturo Molina
Venezuela atraviesa un momento de expectativa
contenida. Desde comienzos de 2026 se ha instalado la idea de que podrían
producirse cambios capaces de aliviar la presión económica que soportan
millones de ciudadanos. Pero más que rumores o anuncios parciales, el país
necesita algo tan simple como exigente: claridad. La incertidumbre no proviene
únicamente de una crisis prolongada; nace también de la opacidad sobre lo que
realmente se negocia y se planifica en nombre del interés nacional.
En el plano internacional, el reacomodo de las
relaciones entre el gobierno venezolano y Estados Unidos ha devuelto el
petróleo al centro del tablero. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) vuelve a
ocupar titulares como eje de posibles acuerdos y nuevos flujos comerciales. Sin
embargo, más importante que los montos anunciados es la arquitectura
institucional que debería acompañarlos. Según cifras oficiales y estimaciones
independientes, la producción petrolera venezolana ha oscilado en los últimos
años alrededor del millón de barriles diarios, muy lejos de los más de tres
millones que llegó a bombear a comienzos de siglo. Aun en escenarios de
recuperación, los ingresos no son ilimitados, y su impacto dependerá menos del
volumen exportado que de la transparencia en su administración.
La soberanía no se declama: se ejerce con
información pública y rendición de cuentas. El ingreso por exportaciones no es
una cifra abstracta; es la base material de cualquier política social
sostenible. Sin datos verificables sobre contratos, costos operativos y destino
de los recursos, la expectativa se convierte en sospecha. Y ningún proceso de
recuperación puede sostenerse sobre la desconfianza. En la vida cotidiana, el
debate más urgente sigue siendo el salario. El ingreso mínimo legal perdió hace
años su función protectora. De acuerdo con mediciones del Observatorio
Venezolano de Finanzas, el salario mínimo mensual equivale a apenas unos pocos centavos
de dólar al tipo de cambio vigente, mientras la canasta básica supera
ampliamente los cientos de dólares. La brecha no es técnica: es existencial. Lo
que debería garantizar condiciones mínimas de vida se ha convertido en una
referencia simbólica.
En su lugar han proliferado bonos y
compensaciones que alivian momentáneamente el bolsillo, pero no forman parte
del salario integral ni inciden en prestaciones, vacaciones o pensiones. Esta
distorsión debilita la seguridad jurídica del trabajador y traslada la
estabilidad laboral al terreno discrecional. Como advertía el economista
Asdrúbal Oliveros en un foro reciente, “sin anclas fiscales y monetarias
claras, cualquier aumento nominal corre el riesgo de evaporarse en inflación”.
El dilema no es si aumentar o no el salario, sino cómo hacerlo sin reproducir
el ciclo de incremento–inflación–pérdida de poder adquisitivo. Desde hace más
de dos décadas, el salario se fija esencialmente por decreto presidencial,
desplazando la negociación tripartita prevista en la legislación laboral. Esa
práctica ha erosionado la confianza institucional. Las decisiones salariales no
pueden depender de anuncios ocasionales ni de fechas simbólicas; deben
responder a un proceso técnico, transparente y verificable donde participen el
Estado, los empleadores y los trabajadores con cifras auditables sobre la mesa.
Si se proyecta un incremento en los ingresos del
país por una eventual mejora petrolera, la ciudadanía merece conocer la ruta
progresiva de ese alivio. Si el aumento salarial será modesto, deben explicarse
con franqueza las restricciones fiscales y monetarias. Si será sustancial, debe
detallarse cómo se sostendrá sin alimentar nuevas presiones inflacionarias. La
expectativa sin información se transforma inevitablemente en frustración, y un
ajuste cosmético combinado con una reducción de derechos solo profundizaría el
malestar social. Venezuela necesita menos consignas y más datos; menos
decisiones unilaterales y más institucionalidad. Una salida responsable exige
que el gobierno publique cifras verificables, que el sector empresarial asuma
compromisos claros de formalización y productividad, y que el movimiento
sindical participe con propuestas viables y sostenibles. La ciudadanía no es un
espectador pasivo: es el sujeto del contrato social.
Lo cierto de todo esto, es que la discusión sobre
el salario no es un tecnicismo económico. Es una discusión sobre dignidad. Y
ningún país puede reconstruir su futuro si administra sus recursos en silencio
y sueldos en incertidumbre.
@jarturomolina1
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