EL AGUIJÓN
SOBERANÍA BAJO TUTELA Y DIGNIDAD EN SUSPENSO.
Por: Arturo Molina.
Venezuela
atraviesa un silencio cargado de tensión. No es calma ni consenso, sino una
forma de espera forzada en la que la sociedad oscila entre la adaptación
táctica y el agotamiento moral. Mientras millones de ciudadanos concentran su
energía en sobrevivir a una economía que devora ingresos y expectativas, en las
alturas del poder se desarrollan negociaciones opacas, marcadas por intereses
cruzados, desconfianzas internas y condicionamientos externos. En este
contexto, la pregunta es ineludible: ¿estamos avanzando hacia una transición
democrática real o simplemente asistimos a un reacomodo de élites que posterga,
una vez más, el bienestar de las mayorías?
Uno de los
elementos más reveladores del momento actual es la narrativa oficial sobre la
soberanía. En el discurso se invoca con frecuencia, pero en la práctica se
observa un esquema de administración financiera sometido a mecanismos de
supervisión externa sin precedentes. La canalización de recursos estratégicos a
través de estructuras internacionales, bajo control y monitoreo de actores
extranjeros, no puede interpretarse como un triunfo diplomático. Más bien,
refleja el bajo nivel de confianza que hoy existe en la capacidad del Estado
venezolano para administrar de manera transparente y responsable sus propios
ingresos. Este hecho plantea una contradicción profunda. Cuando los recursos de
una nación deben ser liberados de forma fragmentada y vigilada para asegurar su
destino, no estamos ante cooperación entre iguales, sino frente a una señal
clara de descrédito institucional. La soberanía no se proclama; se ejerce. Y
resulta legítimo preguntarse hasta qué punto un Estado puede considerarse
plenamente soberano cuando su margen de maniobra financiera depende de
autorizaciones externas diseñadas para evitar desvíos y opacidad.
A partir de
allí, cobra fuerza la idea de una supuesta “normalización” del país. Se
pretende presentar como señal de recuperación la existencia de espacios de
consumo y una relativa estabilidad cambiaria para sectores muy específicos. Sin
embargo, la normalidad no se mide por vitrinas abastecidas, sino por la
vigencia efectiva del Estado de Derecho. Mientras persistan detenciones por
motivos políticos, restricciones sistemáticas a la libertad de expresión y una
inseguridad jurídica que convierte la propiedad privada en una concesión
precaria, hablar de transición democrática resulta, cuando menos, engañoso. El
núcleo más grave de esta situación sigue siendo humano. Ningún indicador
macroeconómico puede ocultar la precariedad cotidiana de la mayoría de los
venezolanos. El salario vigente no solo es insuficiente: constituye una
negación práctica del derecho a una vida digna. Postergar su ajuste, mientras
la inflación y la devaluación erosionan de forma constante el poder
adquisitivo, no es una decisión técnica neutral, sino una elección política con
consecuencias sociales devastadoras. La pobreza no admite aplazamientos
estratégicos ni cálculos diplomáticos; se vive en el presente y erosiona la
cohesión social de manera silenciosa pero persistente.
A esto se
suma un problema estructural que compromete la noción misma de República: la
coexistencia del Estado con grupos armados al margen de la ley. Allí donde el
monopolio legítimo de la fuerza se diluye, no hay institucionalidad posible.
Las declaraciones públicas y los llamados retóricos resultan insuficientes
frente a una realidad en la que la seguridad personal y jurídica depende más de
equilibrios locales de poder que de la Constitución. En tales condiciones,
cualquier intento de atraer inversión seria o generar confianza sostenida
carece de bases reales. La complejidad de la crisis venezolana no admite
soluciones cosméticas ni pactos diseñados exclusivamente para garantizar la
supervivencia política de quienes gobiernan. Un proceso de reconstrucción
auténtico exige la inclusión efectiva de actores con legitimidad social y
compromiso con el país: universidades, gremios profesionales, sectores
productivos honestos y una sociedad civil que ha demostrado capacidad de
resistencia y organización, aun en condiciones adversas.
Venezuela
se encuentra en una encrucijada histórica. Persistir en un modelo centrado en
el control social, la distribución restringida de la renta y la dependencia de
tutelajes externos puede derivar en una implosión social de consecuencias
imprevisibles. Ese escenario no solo profundizaría el sufrimiento colectivo,
sino que abriría espacio a expresiones radicales nacidas de la desesperanza y
la exclusión. La política, entendida en su dimensión más elevada, exige
responsabilidad histórica. Gobernar no debería reducirse a la conservación del
poder, sino orientarse a evitar la disolución material y moral de la nación. El
país necesita un acuerdo que coloque en el centro a las familias venezolanas y
sus derechos, no a los operadores circunstanciales del poder. La historia no
suele ser indulgente con quienes, teniendo margen para corregir el rumbo, optan
por administrar la inercia y mirar hacia otro lado.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com