EL AGUIJÓN
RECONCILIACIÓN CON VERDAD.
Por: Arturo Molina
Venezuela enfrenta una transición forzada. La amnistía aprobada en primera discusión en febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, bajo la presión de la intervención estadounidense que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero, puede ser el inicio de una reconciliación real o un atajo hacia la impunidad selectiva. La diferencia radica en si se asume como un pacto con la verdad, supervisado internacionalmente, o como un salvoconducto para quienes han cometido crímenes que ningún país digno perdona. La reconciliación no es un decreto: es un proceso. Y ese proceso exige justicia. Amnistía para delitos políticos no violentos, sí; pero nunca para tortura, desaparición forzada, ejecuciones, violencia sexual o crímenes de lesa humanidad. El perdón solo tiene sentido cuando hay reconocimiento del daño, reparación a las víctimas y garantías de no repetición, con mecanismos de supervisión de la ONU para evitar manipulaciones por el gobierno interino.
No habrá salida con calendarios paralelos ni relatos que se anulan entre sí, especialmente en esta "transición impuesta" por Estados Unidos, que administra aspectos clave del país y amenaza con más intervenciones. El país necesita un cronograma único —18 a 24 meses— con hitos verificables: liberación de presos por causas políticas no violentas (ya en curso con cientos de disidentes liberados), equilibrio mínimo en el órgano electoral, auditorías técnicas, observación internacional desde el inicio (incluyendo presión de EE.UU. para transparencia), acceso equitativo a medios y publicación íntegra de actas. La deuda con el 28 de julio de 2024 debe cerrarse con transparencia, no con silencios. Esto requiere de concesiones bajo presión externa, involucrando oficialismo, oposiciones y sociedad civil, pero priorizando mecanismos internacionales dada la intransigencia histórica. Tres compromisos son innegociables: cese del hostigamiento, reglas electorales auditables y control civil del monopolio de la fuerza, con desmilitarización externa si es necesario. Sin desarme de grupos irregulares ni neutralidad institucional (a pesar de los 28 cambios recientes en las Fuerzas Armadas), ninguna elección será creíble.
La justicia transicional no es revancha: es método. Una comisión de la verdad independiente, con apoyo internacional, debe documentar patrones y responsabilidades, y cualquier amnistía debe ser caso por caso, condicionada a verdad plena y con exclusiones explícitas para crímenes atroces. En paralelo, el país necesita un plan social de emergencia sin intermediarios ni clientelas, aprovechando las concesiones petroleras a empresas extranjeras y el levantamiento parcial de sanciones. Y para cerrar el paso a los “mesías”, hay que distribuir el poder: acceso a la información, datos abiertos, financiamiento político trazable, servicio civil por mérito, compras públicas competitivas y límites a la reelección. Las instituciones deben ser más fuertes que cualquier liderazgo, especialmente en un contexto donde la soberanía está comprometida por intervenciones externas.
A las oposiciones les toca promover competencia plural, sin forzar unidades que han dividido más en el pasado. Al oficialismo, bajo Delcy Rodríguez, el gesto más difícil: habilitar competencia real y aceptar que la amnistía no puede blindar crímenes graves. A los partidos les toca renovarse y legitimarse, sin umbrales arbitrarios que excluyan minorías en un escenario de represión pasada. Y a la ciudadanía —la gran doliente— le corresponde dejar de delegar, pero con precauciones por los riesgos de represión persistente: inscribirse, exigir actas, documentar irregularidades, respaldar a víctimas y organizar redes cívicas con protección internacional. Los liderazgos se miden por resultados, no por épicas vacías, cargadas de relatos fuera de contexto.
Este país no es
solo sus élites ni sus miedos. Es maestras, enfermeras, agricultores, madres
que esperan, jóvenes que sueñan con volver. No piden milagros: piden reglas
claras, respeto y un Estado que no los maltrate. Reconciliación sí, pero con
verdad y supervisión global. Elecciones sí, pero con garantías internacionales.
La democracia no regresa por fe ni por caudillos: regresa cuando la ciudadanía
la exige, las instituciones la protegen y las presiones externas evitan
retrocesos. Hay mucho por hacer, y algunos están apurados, pero en esta
transición frágil, el realismo es clave para evitar un vacío de poder o un
autoritarismo renovado.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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