EL AGUIJÓN
LA HIPOTECA DEL BARRIL Y EL RELOJ DE LA PACIENCIA.
Por: Arturo Molina.
Venezuela atraviesa hoy un
momento que los historiadores del futuro probablemente catalogarán como el fin
de la retórica y el inicio del pragmatismo forzoso. Mientras la ciudadanía
camina por la cuerda floja de una cotidianidad asfixiante, en las altas esferas
del poder parece haberse instaurado una verdad ineludible: la gobernabilidad ya
no se sostiene con discursos, sino con recursos. Y esos recursos, paradójicamente,
dependen ahora de un acuerdo tácito de tutelaje con los Estados Unidos, el
antiguo adversario convertido en el necesario arquitecto de la estabilidad
financiera. Nos encontramos ante un escenario inédito donde la soberanía
energética, esa bandera ondeada con tanto fervor durante casi veintisiete años,
cede paso a la urgencia técnica y política de que sean las grandes
corporaciones norteamericanas las que retomen el timón de nuestra industria
petrolera.
Este giro de timón, fruto de
acuerdos políticos a puerta cerrada, plantea una interrogante que retumba en
cada hogar venezolano: ¿cuánto tarda en bajar el dinero desde el pozo petrolero
hasta el bolsillo del ciudadano? La expectativa social es una olla de presión.
Se entiende que para frenar la devaluación que carcome los ingresos y apunta a
una nueva espiral hiperinflacionaria, se requiere la inyección de capital y la
confianza que solo este "tutelaje" externo parece garantizar. Sin
embargo, el tiempo de la macroeconomía no es el mismo tiempo del hambre.
Mientras se reacomodan las piezas en el tablero geopolítico y se cede el
control operativo del crudo para sanear las cuentas, la población sigue
enfrentando un sistema de salud en terapia intensiva, sin insumos, y un modelo
educativo desmantelado por la desmotivación de profesionales que subsidian al
Estado con sus vidas.
El nudo gordiano de esta
transición pactada es el salario. La gente se pregunta legítimamente cómo se
frenará la especulación y para cuándo se dignificará el ingreso. La respuesta,
despojada de populismo, es dura: la recuperación del poder adquisitivo bajo
este esquema no será por decreto mágico, sino consecuencia de una disciplina
fiscal severa supervisada desde afuera. El riesgo latente no es ya la escasez
de productos, fantasma de años pasados, sino la "escasez de dinero"
para adquirirlos a precios internacionales. Aquí es donde la ética política
debe imponerse sobre el cálculo; los jubilados, pensionados y adultos mayores,
quienes han cargado con el peso más cruel del empobrecimiento sistemático, no
pueden esperar a que la industria petrolera alcance su pico de producción en
dos años. Se requiere que los primeros frutos de estos acuerdos se destinen,
vía ayuda humanitaria y fondos de emergencia, a aliviar la miseria de quienes
construyeron el país.
Mirando hacia el horizonte
político, la sociedad demanda algo más que pan; demanda certeza. La promesa de
elecciones libres y el respeto a la voluntad popular aparecen en la hoja de
ruta, pero supeditadas a una "normalización" previa. Se nos pide
paciencia para reconstruir la autonomía institucional arrebatada, entendiendo
que sin Estado de derecho no hay inversión petrolera que valga, ni confianza
que perdure. Es un trago amargo aceptar que la restitución de la democracia
deba pasar por filtros y tiempos ajenos a la urgencia nacional, pero parece ser
el costo de un cambio incruento.
En definitiva, estamos ante un
"amanecer prestado". La intervención fáctica de los Estados Unidos en
la administración de nuestra principal riqueza es el reconocimiento del colapso
de un modelo. Para el venezolano de a pie, la ideología ha pasado a un segundo
plano; la prioridad es que se detenga la hemorragia migratoria, que el médico
tenga gasas en el hospital y que el salario alcance para vivir y no solo para
sobrevivir. El desafío monumental será vigilar que este nuevo esquema no se
convierta en un simple cambio de dueños de la renta, sino en la base real para
una república moderna. En ese escenario la oposición venezolana tiene la
responsabilidad de alcanzar la estabilidad política, y el gobierno la
estabilidad financiera. El reloj de la paciencia ciudadana sigue corriendo, y
aunque se comprende que reconstruir toma tiempo, la urgencia de la dignidad no
admite más demoras burocráticas ni excusas diplomáticas.
Arturo Molina
@jarturomolina1