EL AGUIJÓN
LIBERTAD Y CONCIENCIA
Por: Arturo Molina
Hace unas
horas atrás, se registró un hecho (esperemos que no sea un pote de humo) de
enorme relevancia para la historia reciente de Venezuela: se anunció por parte
del gobierno que varias personas consideradas presos políticos serían
liberadas, entre ellos activistas, defensores de derechos humanos y opositores
que permanecían detenidos bajo acusaciones políticas. Este acontecimiento ha
sido reportado internacionalmente como parte de un proceso impulsado en gran
medida por la presión diplomática y política del gobierno de los Estados
Unidos, en el contexto de profundos cambios en la escena política venezolana
tras la salida del poder de Nicolás Maduro y la asunción de una administración
transitoria. Medios como Financial Times señalaron que estas
liberaciones respondieron a exigencias directas de Washington como parte de un
intento por abrir una nueva etapa política en el país, destacando que “la
excarcelación de presos políticos fue una condición clave planteada por Estados
Unidos”.
La noticia
fue recibida con alegría y alivio por familiares, organizaciones de derechos
humanos y numerosos ciudadanos que han seguido durante años los casos de
detenciones arbitrarias en Venezuela. Cada persona que recupera su libertad
representa una vida, una historia y un proyecto que vuelve a ponerse en marcha.
Ese sentimiento de esperanza es legítimo y profundamente humano. Sin embargo,
junto con la celebración, este hecho exige una mirada reflexiva sobre lo que
realmente significa y sobre todo lo que aún permanece pendiente. El hecho de
que la liberación sea percibida internacionalmente como resultado de presión
externa —particularmente de Estados Unidos— deja en evidencia que estos casos
no son episodios aislados, sino parte de una problemática estructural. Durante
años, la detención de disidentes políticos, activistas sociales y defensores de
derechos humanos ha sido utilizada como un mecanismo para silenciar voces
críticas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch
documentaron reiteradamente que en Venezuela “las autoridades han utilizado el
sistema de justicia penal para castigar la disidencia y generar un efecto
disuasivo en la sociedad”, mediante cargos considerados infundados o
desproporcionados.
Según
cifras de Foro Penal, una de las organizaciones más rigurosas en el seguimiento
de esta realidad, para finales de 2025 existían más de 800 personas detenidas
por motivos políticos en Venezuela. Este dato confirma que, aunque las
liberaciones anunciadas, (no concretadas todas al momento de escribir este
artículo) son significativas, el problema de fondo persiste: la existencia de
un sistema que criminaliza el disenso y limita el ejercicio pleno de derechos
fundamentales. Entre las personas anunciadas que serían liberadas se encuentran
profesionales que dedicaron su vida a áreas esenciales para cualquier sociedad
democrática, como la educación, la defensa de los derechos humanos y la
protección de comunidades vulnerables. Destaca especialmente el caso de Javier
Tarazona (sin libertad aún), educador y defensor de derechos humanos, detenido
por su labor de documentación de violaciones y su trabajo con poblaciones
afectadas por la violencia. Amnistía Internacional afirmó en su momento que su
encarcelamiento constituía “una detención arbitraria motivada exclusivamente
por su labor legítima y pacífica de defensa de los derechos humanos”, y exigió
su liberación inmediata e incondicional. A esa valoración, le agrego: actuando
en defensa de la soberanía y el territorio.
El anuncio
del regreso de Tarazona a su hogar, a su familia y a su comunidad es motivo de
celebración, pero también de reflexión colectiva. Su historia nos confronta con
una pregunta incómoda: ¿qué significa vivir en un país donde expresar ideas
críticas, ejercer una profesión con independencia o denunciar abusos puede
convertirse en una causa de prisión? No se trata únicamente de liberar nombres
individuales, sino de revisar y transformar las condiciones que permitieron que
decenas de personas pasaran años privadas de libertad por el solo hecho de
disentir. La libertad de uno no puede entenderse aislada de la libertad de
todos. La liberación de presos políticos no debería reducirse a un gesto
simbólico ni a un cálculo diplomático coyuntural. Debe ser asumida como un
punto de partida para una reflexión ciudadana más profunda y para el
fortalecimiento de instituciones capaces de garantizar de manera efectiva el
respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y el debido proceso.
Al mismo tiempo, este proceso no debe convertirse en un instrumento de
revancha, odio o confrontación que profundice la polarización social. La
memoria de quienes han sufrido injusticias exige un equilibrio delicado entre
justicia y reconciliación, entre la exigencia de responsabilidades y el
reconocimiento de la dignidad humana.
Mi alegría
por quienes han recuperado su libertad —en especial por quienes fueron
encarcelados por defender derechos fundamentales— se mezcla con un llamado a la
conciencia colectiva: a no normalizar las detenciones arbitrarias, a no olvidar
a quienes aún permanecen privados de libertad y a comprender que la defensa de
la dignidad humana, en cualquiera de sus expresiones, nunca debería ser
penalizada. Que el regreso de Javier Tarazona y de otros liberados se concrete
ya, y sea celebrado como un paso importante, pero también como una oportunidad
para renovar nuestro compromiso con los derechos humanos, con la justicia y con
una convivencia basada en el respeto recíproco y la libertad de pensamiento.
Arturo Molina
@jarturomolina1
www.trincheratachirense.blogspot.com
jarturomolina@gmail.com