EL AGUIJÓN
VENEZUELA
ANTE EL ESPEJO.
Por: Arturo
Molina.
La actual
coyuntura venezolana puede describirse, desde la sociología política, como un
interregno prolongado de incertidumbre y extravío estratégico. La brújula
nacional no solo parece imantada por fuerzas externas: ha sido entregada
voluntariamente. De allí la paradoja central del momento político venezolano:
mientras gobierno y sectores radicales de la oposición se presentan como
enemigos irreconciliables, ambos convergen en un mismo gesto de subordinación,
disputándose el favor de Washington como árbitro último de la vida nacional. La
retórica pública se llena de invocaciones patrióticas o democráticas, pero en
la práctica se normaliza la tutela extranjera como atajo para dirimir conflictos
internos. Este realismo mágico del poder ignora una advertencia fundacional de
Simón Bolívar: la libertad no se delega sin consecuencias, y la soberanía que
se negocia termina por extinguirse.
La obsesión
con la validación externa ha funcionado como un anestésico colectivo frente a
la responsabilidad política interna. Ha permitido sustituir el debate sobre
errores propios por la coartada permanente del enemigo externo. Sin embargo,
cuando se despeja la neblina de la polarización inducida, emerge una realidad
económica y social contundente. Las sanciones y el aislamiento financiero han
agravado el deterioro nacional, pero no lo explican en su origen. Los datos
oficiales y las mediciones independientes coinciden en un punto incómodo para
el poder: el colapso del aparato productivo, la caída sostenida del PIB y el
inicio de la hiperinflación preceden a las sanciones más severas. El derrumbe
fue consecuencia directa de una corrupción estructural que devastó la industria
petrolera, dilapidó ingresos extraordinarios y anuló los mecanismos de control
republicano bajo el discurso del “Socialismo del Siglo XXI”. La crisis no fue
importada; fue administrada desde el Estado.
El actual
desbloqueo parcial de áreas estratégicas ofrece un respiro limitado, pero
también encierra un riesgo político evidente: que se utilice como válvula de
oxígeno económico para preservar un modelo de poder intacto. Sin reforma
política profunda, sin rendición de cuentas y sin instituciones autónomas,
cualquier recuperación será precaria y funcional a la reproducción del mismo
sistema que llevó al país al colapso. El crecimiento sin Estado de Derecho no
es desarrollo; es administración temporal de la crisis. La reconstrucción de
Venezuela no pasa por redefinir alianzas imperiales, sino por restituir la
República. Esto implica el retorno efectivo al Estado de Derecho y el fin de la
barbarie política, entendida no como consigna literaria, sino como la violencia
institucional que criminaliza la disidencia y normaliza la arbitrariedad. La
existencia de presos políticos no es un “exceso corregible”, sino una violación
estructural incompatible con cualquier proyecto nacional serio. Su liberación
no es un gesto de buena voluntad, sino una obligación jurídica y política
indispensable para cualquier proceso de normalización democrática.
Del mismo
modo, la institucionalidad exige romper con la opacidad fiscal que ha
convertido al presupuesto nacional en un instrumento de dominación política. El
respeto al Situado Constitucional y la transferencia efectiva de recursos a
estados y municipios no son concesiones del poder central, sino derechos
constitucionales. Sin descentralización real no hay República, solo
administración vertical de la escasez. El mayor peligro del momento actual es
que la polarización continúe siendo utilizada como mecanismo de control.
Alimentada por discursos de odio y amplificada por plataformas digitales, esta
lógica busca anular al adversario y deslegitimar cualquier forma de negociación
política, presentada como traición. Sin embargo, la sociedad venezolana real
—la que sobrevive fuera de las cúpulas— expresa otra prioridad. Los estudios
sobre condiciones de vida son claros: la mayoría no exige revancha ni épica,
sino servicios que funcionen, salarios que alcancen y libertades que no
dependan de la lealtad política. Esa mayoría silenciosa no está comprometida
con la confrontación perpetua ni con la subordinación externa como proyecto
nacional. Su exigencia es concreta y profundamente política: reglas claras,
derechos garantizados y un Estado que deje de usar la crisis como instrumento
de dominación. Frente a ella, los liderazgos que ofrecen salvación a cambio de
obediencia, o estabilidad a cambio de tutela extranjera, están condenados al
agotamiento.
La historia
no admite equívocos: los proyectos políticos basados en el caudillismo, la
sumisión o el autoritarismo terminan colapsando. Venezuela no necesita padrinos
ni mesías; necesita instituciones, ciudadanía y responsabilidad política. La
soberanía no se proclama ni se mendiga: se ejerce. Y solo puede ejercerse con
Estado de Derecho, ética pública y límites claros al poder. Solo así la
República dejará de ser rehén de facciones y volverá a ser patrimonio de la
nación, no como consigna retórica, sino como orden político efectivo.
@jarturomolina1
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