EL AGUIJÓN
FRONTERA
POR: ARTURO MOLINA
La
frontera venezolana del lado del Táchira con el Norte de Santander vive
situaciones difíciles como el resto del país. El contexto en este lado del
espacio nacional se recrudece por ser frontera activa, -en todos los ámbitos,
con un nivel de flujo de población impresionante-, unos porque van a adquirir
los productos de la dieta diaria que no se consiguen de este lado, y si los
encuentra es a precios exorbitantes, imposibles de adquirir, y otros porque van
a cumplir jornada laboral o se van del país en busca de ingresos que les
permita vivir con dignidad para no morir de mengua.
En
manos del régimen todo evento se transforma en ilegal y en negocio de explotación
en contra del necesitado. Lo hicieron con la economía, empresa privada, sector
agropecuario, alimentos, medicinas, empresas básicas, hospitales, energía
eléctrica, educación, gasolina, gas doméstico. Con el cierre del paso peatonal
en la frontera, obligan a los ciudadanos a usar las denominadas trochas y
cancelar por ello a grupos irregulares, quienes controlan el pago desde el lado
venezolano, siendo cómplice de la arbitrariedad, en abierta violación de los
Derechos Humanos de los ciudadanos, consagrados en la Constitución Nacional, y
en tratados, convenios y acuerdos de carácter internacional.
Su
carácter totalitario los lleva a creer que son dueños de la gente, bienes,
territorio nacional e internacional.
Algunos aspectos legales que regulan las migraciones entre los dos
países con anterioridad a la llegada al poder de los socialistas siglo XXI, como
el Estatuto de Régimen Fronterizo suscrito en Caracas el 05-08-1942, y
ratificado el 22-02-1994; el Tratado de Tonchala suscrito el 06-11-1959, con carácter
de exclusividad para tratar aspectos de la problemática de las relaciones laborales
de los migrantes. El Acuerdo Comercial de Desarrollo Económico de julio 1963,
ratificando los anteriores, o el Convenio Simón Rodríguez del 26-10-1973, referente
al tratamiento multilateral en materia migratoria, sirvieron de base para
superar diferencias y fortalecer las relaciones.
El
avance en esa materia no se queda allí, se puede destacar que en el marco de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena el tratamiento de las migraciones se
fortaleció con la Promulgación de la Decisión 116, conocida como Instrumento
Andino de Migraciones Laborales, sustituido en 2003 por la Comunidad Andina de
Naciones por la Decisión 545.
La
intención del régimen en desconocer esos acuerdos es porque no se ajustan a sus
pretensiones ideológicas, por ello arremeten contra las Zonas de Integración
Fronteriza, que promulga la promoción del libre tránsito sin obstáculos,
contenida en el Tratamiento Multilateral de las Migraciones en Decisión 501 de
la Comunidad Andina de Naciones. También lo hacen con la Decisión 502 (Centros
Binacionales de Frontera); 503 (Reconocimientos de Documento de Identidad); 504
(Pasaporte Andino); 527 (Modificación de la Tarjeta Andina de Migración
T.A.M.).
El
régimen en su afán propagandístico y de confrontación permanente recurre a la
creación de organismos paralelos con la finalidad de recoger a sus libres
pensadores y armar nueva estructura de poder, caso UNASUR, sustentada en maniobra
multipolar, con base en proyecto político y económico dentro de lo que denominan
socialismo del siglo XXI. Estrategia para saquear y enriquecer con recursos
naturales de los venezolanos a gobernantes de su entorno, en detrimento de la
nación.
Mientras
los gobiernos colombianos han ido tendiendo puentes de entendimiento con países
de avanzada para alcanzar progreso, abriendo puertas para la integración, del
lado venezolano se violan Derechos Humanos de los ciudadanos, dejando a su alrededor
desolación, tristeza, retroceso, abandono, cerco, confrontación, hambre,
enfermedad, miseria y muerte. La frontera es prueba de ello.
ARTURO MOLINA
@jarturoms1
www.jarturomolina.blogspot.com