EL AGUIJÓN
AUTONOMÍA E
INDEPENDENCIA
POR: ARTURO MOLINA
La confianza en las instituciones públicas
se tambalea al ser atropellada su autonomía e independencia, por gobernantes
que se erigen como los dueños de las decisiones que de ellas devienen,
golpeando la legitimidad y legalidad de sus acciones. Respetar la autonomía
significa permitir que las instituciones funcionen sin intromisiones de los actores
políticos o económicos, para que actúen con objetividad e imparcialidad,
siempre en beneficio de la sociedad y no de intereses particulares. La
independencia, debe entenderse como la capacidad que tienen las instituciones para
autogobernarse, facilitándoles sus presupuestos y competencias de
funcionamiento. Así pueden adecuarse a las necesidades que demanda la sociedad
y responder eficazmente.
Dar importancia a la imparcialidad de
las instituciones públicas contribuye a generar un clima de estabilidad social
y gubernamental, al percibir los ciudadanos, que las decisiones emanadas son
justas y legitimas, repotenciando la confianza en sus representantes. Quien no
cumple la Ley debe ser castigado, eso transmite tranquilidad y da sentido de
legalidad a los actos sancionados, e incluso, minimiza la corrupción, haciendo que
los problemas sean resueltos por los funcionarios a través de decisiones
rápidas, flexibles, sin barreras burocráticas, fortaleciendo la transparencia,
que se consolida con la rendición de cuentas. Esa es una obligación de los
gobernantes para permitir que las instituciones funcionen sin interferencias. Los
ciudadanos están obligados a denunciar los abusos que se puedan generar en el
seno de las instituciones públicas y exigir respeto la normativa legal
existente.
La elección presidencial por
realizarse en el año en curso (2024) en suelo venezolano, debe contar con la
confianza de los ciudadanos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y eso no termina
de permitirse, al existir estrategia de desprestigio hacia la institución, que “confunden”
los actores de la polarización política, entre diálogo para acuerdos mínimos de
gobernabilidad, y violación a la Ley. Que a la fecha 02 de marzo de 2024 el CNE
no haya anunciado los lapsos a cumplir para esa elección constitucional deja
mucho que desear de la autonomía e imparcialidad que allí reina, pero es
necesario entender que esos son los trapos rojos que lanzan a la luz pública
para espantar de las urnas electorales a los ciudadanos.
Representantes del poder ejecutivo
asumen las competencias del poder electoral y anuncian a gobernantes de otros
países que las elecciones se realizarán en el segundo semestre del año en curso.
La duda queda en el ambiente, dado que eso implica que pueden ser desde julio a
diciembre. La paciencia debe reinar en los ciudadanos, y la organización,
movilización, formación de testigos electorales, seguir su curso, sin
distraerse. La elección se va a realizar y eso es de suma importancia para
alcanzar los cambios deseados por la mayoría de los venezolanos. La lucha es
por alcanzar la unidad en la disidencia y avanzar en el propósito de una Venezuela
para todos. El día de la votación, nadie puede quedarse en casa. Hay que
restablecer la autonomía e imparcialidad en las instituciones para que estén al
servicio de los ciudadanos y no de gobernante alguno.
Arturo Molina
@jarturomolina1
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jarturomolina@gmail.com