EL AGUIJÓN
SIN SALARIOS JUSTOS NO HAY PAZ LABORAL
POR: ARTURO MOLINA
Un
gobierno que pretenda alcanzar el equilibrio social de su país no puede
descartar la necesidad de fortalecer la formación y compensación salarial de sus
funcionarios, y los trabajadores en general, en el entendido que desde allí se prestan
servicios y atención a los ciudadanos. Igualmente sucede con la inversión que
debe hacerse en la infraestructura. La desmotivación hace que la función
gubernamental se vea afectada en la calidad del servicio, y las personas
terminan quejándose, alterando la paz laboral y el desarrollo de la sociedad.
Los
funcionarios públicos no están recibiendo sueldos y salarios ajustados a la
realidad socioeconómica que reina en Venezuela. Los revolucionarios del siglo
XXI se han mantenido cerrados bajo la excusa de las sanciones económicas, para
no reconocer el descalabro al que indujeron al país por su terquedad y mezquino
pensamiento excluyente. En eso llevan 20 años. El alto costo de la vida, la pérdida
del valor adquisitivo del bolívar y la especulación, no cesan en golpear el pírrico
ingreso que han recibido los asalariados gubernamentales. Los detalles para
resolver la situación son determinados por el discurso banal, sustentados en la
ausencia de la responsabilidad que asumieron al momento de ser electos para el
ejercicio del poder.
El
desprecio que tiene el régimen por la actividad privada hace que la gerencia
pública lo asuma todo, incluso pretendiendo regular que es lo que se debe
producir, repartiendo la pobreza y la miseria por toda la geografía nacional.
Lo mismo pretenden hacer con la educación. No hay que negar que en eso son
excelentes administradores. Cualquier pretexto es saludable para el oficialismo
en su exigencia de ocultar la realidad, afectando la moral de los trabajadores
y el incremento de las condiciones deplorables en la prestación de los
servicios públicos.
La
diáspora ha mermado la calidad de la mano de obra calificada y de profesionales
en las instancias de la administración pública y privada. Ya suman varios los
años en que se hace la denuncia para que los que aún se mantienen en el país sean
bien atendidos, pero la sordera es la compañera de los compatriotas mismos. Desprecian
lo concreto y se van por las ramas. Son olvidadizos por comodidad y desenfundan
contra el reclamo de la clase trabajadora y las instituciones que les
representan.
Los
funcionarios públicos deben ser valorados con base a la importancia, complejidad
de su trabajo, nivel educativo, experiencia, y acordar salarios que dignifique
las labores que desarrollan. Ellos garantizan la atención de los ciudadanos, y
son baluartes fundamentales en el desarrollo económico y social del país. Así es que se garantiza la paz laboral y la
atención proactiva hacia los ciudadanos. 2023 ha sido un año de desatención a
la inversión y mejoramiento de los funcionarios de la administración pública en
todos sus niveles. Eso es imborrable.
ARTURO MOLINA
@jarturomolina1
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